CIENCIAS SOCIALES

México no está preparado para recibir a los connacionales que pudieran ser deportados al país, ante la entrada en vigor de la Ley SB-1070 en el estado norteamericano de Arizona, el próximo 29 de julio. La insistencia de las autoridades de la localidad por implementar el decreto sólo refleja el trasfondo discriminatorio y clasista de la misma, ya que a pesar de que el boicot ha afectado 40% de las actividades comerciales entre las ciudades fronterizas de Yuma, en Arizona y Nogales, en Sonora, no hay indicios de que puedan desistir de su implementación, coincidieron en señalar los doctores Mario Camberos Castro, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y Tonatiuh Guillén López, de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), durante la XII videoconferencia para medios de comunicación organizada por los centros públicos de investigación Conacyt en las instalaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Durante su presentación, el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana, Camberos Castro, expresó su inconformidad por las medidas que impulsa la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ya que de acuerdo con los términos de esta iniciativa, cualquier persona con rasgos hispanos puede ser detenida, y enfrentar como delito el ser inmigrante. Señaló que ante la amplia interdependencia económica entre Arizona y Sonora, los efectos del boicot han sido severos para los empresarios norteamericanos, y ante el eventual cierre de pequeños y medianos negocios, el desempleo podría afectar hasta a treinta mil personas.

 El Dr. Camberos refirió que ya se han registrado casos de familias hispanas que han decidido abandonar Arizona por el temor a ser deportados sin consideraciones, lo que implica perder sus pertenencias de manera automática. Explicó que el gobierno mexicano no está preparado para enfrentar una deportación masiva, ya que no sería organizada, ni mucho menos benéfica para el país. Comentó que hay grupos en Arizona y en otros estados que apoyan este tipo de leyes migratorias y a la distancia analizan los costos del experimento en Arizona para después promoverla en sus localidades. No obstante, otros grupos se oponen a esta medida, como en la ciudad de Phoenix, donde incluso un grupo de empresarios interpuso una demanda a la gobernadora de ese estado por las repercusiones económicas negativas que a la fecha enfrentan. La situación podría agravarse en función de que habitantes de Sonora podrían dejar de visitar Arizona por temor a ser detenidos.

 
Por su parte, el doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología y actual titular de El Colef, Tonatiuh Guillén López destacó la complejidad del problema, dada la interdependencia económica, social y cultural entre México y Estados Unidos, frente al endurecimiento de las medidas políticas, bajo el pretexto de preservar la seguridad nacional. “Lo que más preocupa es que esta actitud antiinmigrante se convierta en una práctica institucional, jurídica que emane del Congreso de Arizona”. Guillén dio a conocer que en los últimos dos años ha descendido el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos como consecuencia de la disminución del mercado laboral y, frente al fortalecimiento de las medidas de seguridad en la frontera norte, sus tiempos de permanencia en territorio estadounidense se han incrementado. Opinó que la ley también tiene un trasfondo ideológico, ya que refleja su carácter racista, clasista y xenófobo, en virtud de que los operativos se enfocarán en las personas por su color de piel, físico y condiciones de marginación, lo que podría conllevar a un escenario de amplia polarización social, que afectaría incluso a los residentes mexicanos legales en la entidad. Por ello, en materia de migración parece más racional avanzar en el conocimiento de quiénes son los migrantes, cuándo y por dónde ingresan. Además, apuntó la tradición histórica que tiene Arizona en materia de deportación ya que en 2008 se calcula que expulsó a ciento veintiún mil migrantes mexicanos, mientras que en California fueron menos de diez mil.

 

Ambos académicos refirieron que si bien el boicot comercial pudiera extenderse a otras ciudades fronterizas su impacto sería mínimo, por lo que consideran que el gobierno mexicano debe optar por la vía jurídica ante los tribunales federales de Estados Unidos y los organismos internacionales, argumentando el carácter discriminatorio de la ley, a la vez de explorar la difusión de una campaña mediática que denuncie esta situación, en función de que la opinión pública norteamericana es clave en este tema y dada la actitud reprobatoria mundial que prevalece contra las prácticas xenófobas.